¿Turismo a cualquier costo?
León González
leongonzalezp@gmail.com

La actividad turística ha demostrado que podría ser una gran alternativa económica. Sin embargo ella es una actividad de las más sensibles en el mercado internacional y por eso se ha dicho que es un fenómeno retráctil, pues fácilmente retrocede ante cualquier perturbación. Así erupciones volcánicas, terremotos, delincuencia o simplemente la fama de un mal servicio hotelero podría causar fuertes contracciones e inclusive un colapso; de ahí la importancia del Estado como ente promotor y regulador.

Se ha dicho que el turismo es como los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. También se ha dicho con gran sentido que «el turismo destruye al turismo». Por esto, si realmente se quiere desarrollar esta actividad, se debe contar con políticas claras y a largo plazo, definir el tipo de visitante que se quiere recibir, reglas muy claras a los inversionistas, límites de desarrollo turístico, se debe contar con personal capacitado, procurar la mayor participación de los vecinos, controlar la propaganda y servicios que se ofrecen para evitar la frustración y engaño a los turistas. De lo contrario, esta “industria sin chimeneas” podría acabar consigo misma.
Es cierto que el turismo genera divisas, empleo y que aumenta el comercio pero también es cierto que incrementa los problemas de contaminación, deterioro de recursos y afecta y atenta aspectos culturales.
Generalmente las políticas de nuestros gobiernos consisten en llamar la atención de grandes inversionistas extranjeros, invitarlos a invertir y ofrecerles incentivos que difícilmente les ofrecerían a sus gobernados. De esta manera se da una gran apertura para que se instalen algunos inversionistas indeseables e irrespetuosos de nuestras leyes y costumbres.
Durante los dos últimos años, hemos sido ampliamente informados de desarrollos hoteleros que han generado una amplia discusión. En esta ocasión nos ocuparemos muy brevemente del caso del Hotel Tambor.

Generalidades del turismo en Costa Rica.
En 1955 el gobierno de José Figueres propuso «alentar», entre otros negocios, el turismo. En 1956 en su libro “Cartas a un ciudadano”, don Pepe escribió. “Creo que pronto tendremos en el país un gran número de visitantes, dando auge a la industria hotelera y actividades relacionadas”.
Vemos entonces que desde hace unos 38 años el turismo se ha visto como una gran opción económica. Sin embargo, no ha sido ordenado, ni se han definido políticas claras. Se ha promocionado al país sin estar verdaderamente preparados. De hecho y en una forma muy oportunista, como para “estar a la moda”, se inventan y se manejan conceptos poco claros como son “ecoturismo” y “agroecoturismo”.
Es sorprendente la cantidad de divisas que genera el turismo y la rapidez conque se hace, pues en 1989 se generaron $206 millones y tres años después esta cifra prácticamente se duplicó. De ahí la insistencia en el sentido de una verdadera planificación y definición de políticas claras.
El incremento ocurrido en 1992 se debió a la llegada al país de más visitantes europeos que permanecen en el país un promedio de 10 a 12 días mientras que el promedio de permanencia del año pasado era de 5 a ó días con un turismo mayormente estadounidense. En años anteriores se ha estimado que un extranjero gasta en Costa Rica en promedio unos $625 en hoteles, comidas, paseos y compras. Para 1997 se espera que nos visiten unos 800 mil turistas que generarían unos 800 millones de dólares y permitirían crear unos 30 mil empleos directos.
Se estima que actualmente hay oferta de unas 8.500 habitaciones y dentro de unos dos o tres años habrá unas 12.500. Sin embargo estas cifras podrían ser alteradas con la opción hotelera “bed and breakfast” (cena y desayuno).
En los últimos tres años se dice que se han invertido 13 mil millones de colones en actividades turísticas y que de éstos unos 9750 millones pertenecen a foráneos y el resto a costarricenses.
Algo de gran preocupación es la clara desventaja en que están quedando los costarricenses en relación con los extranjeros, no sólo desde el punto de vista de inversión sino desde el disfrute mismo de los centros turísticos. Supuestamente como una estrategia para que los inversionistas extranjeros no desalojen a los lugareños, se conformó e Consorcio Cooperativo Turístico (Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe, la Unión Nacional de Cooperativas y la Cooperativa Nacional de Recreación y Turismo).
Algunos desarrollos turísticos han causado malestar en las poblaciones vecinas. Así se puede mencionar Tambor, el caso de Gandoca Manzanillo en la costa atlántica y la pugna por los derechos en el Río Tabacón en la Fortuna de San Carlos.

Un hotel controversial
Este hotel se ubica en al costa pacífica costarricense, al sureste de la Península de Nicoya, en la provincia de Puntarenas. Su primera fase, ya construida y en operación, consta de 400 habitaciones con servicios de piscina, casino, discoteca, restaurantes, bar, tiendas y otros. Se dice que también existe una zona deportiva con canchas de fútbol, tenis, gimnasio, sauna y jacúsi. Además cuenta con una pista de aterrizaje de un kilómetro de largo. En una segunda fase se pretende construir unas 1.7 00 habitaciones más, una marina con capacidad de 500 yates, villas y apartamentos en régimen de condominio.
Los propietarios son empresarios españoles de la familia Barceló. La persona jurídica propietaria es la Sociedad Marina Punta Piedra Amarilla.
Para construir el hotel y gozar de los incentivos que el Estado brinda a este tipo de actividad, el 24 de julio de 1991 se firmó un contrato administrativo entre el gobierno y Sebastián Barceló. El presidente, Rafael Ángel Calderón, firmó como Testigo de Honor.
Entre otras cosas, el gobierno se comprometió a lo siguiente; reparación y asfaltado de la carretera de Puerto Paquera a Puerto Tambor, construcción de una terminal en Puerto Caldera, permiso provisional de navegación para transporte de turistas bajo la modalidad de ferry entre Puerto Caldera y Playa Tambor, permiso provisional para la explotación del servicio público de cabotaje para pasajeros y vehículos en iguales condiciones que el anterior, construcción de 20 viviendas para reubicar a los “precaristas que ya están ubicados en aquellas áreas propiedad del Grupo Barceló”, construcción de 80 viviendas en los poblados de Cóbano y Paquera procurando que los beneficiarios sean familias que laboren para el proyecto turístico. Cabe destacar que el contrato se firmó “bajo el entendimiento de que, por sujeción al principio de legalidad que rige en la actuación de los poderes públicos, la validez y eficacia integrativa del mismo queda subordina¬da al cumplimiento de todos los preceptos y trámites legales; así como a la aprobación y refrendo por parte de los organismos contralores de la materia según proceda”.
El hotel se construyó, se inauguró y está operando en franco desacato a un mandato de la Sala Constitucional e inclusive el presidente Calderón violenta la institucionalidad del país al visitar, durante sus vacaciones, dicho hotel.
El Recurso de Amparo y las siguientes causas judiciales están para resolverse:
• Demanda por usurpación de bienes de Dominio Público contra Guillermo Barceló. Juzgado Segundo Penal de Puntarenas. Exp. Nº 786-J-92.
• Demanda por Usurpación de Bienes de Dominio Público contra Sebastián Barceló. Juzgado Primero Penal de Puntarenas. Exp. Nº 1510-C-92.
• Demanda de la Dirección de Geología y Minas contra Tralfar S.A, por extracción ilegal de materiales del Río Pánica.
• Demanda contra Tralfar S.A. por extracción de arena de Punta Piedra Amarilla. Exp. Nº 1127-A-92 y una denuncia contra la sociedad Marina Punta Piedra Amarilla por la muerte de Wilman Sosa García. Exp. N° 1227-92-1.

Además del irrespeto público, manifestado por los Barceló, hacia la Contraloría General de la República, y del desacato por parte de la Municipalidad de Puntarenas del mandato de la Sala Constitucional, también se menciona que entre el gobierno, municipalidad y los empresarios, se han infringido las siguientes normas nacionales: Constitución Política, Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, Código de Minería, Ley de Aguas, Código Municipal, Ley de Construcciones y según el Recurso de Amparo, se han violado ocho convenios internacionales.
Entre las actividades que han generado las denuncias públicas y judiciales se
tienen: explotación de un tajo y extracción de miles de metros cúbicos de
materiales del cauce del Río Pánica, construcción del hotel sin el permiso en
el momento oportuno, canalización de corrientes naturales de agua, e inclusive una fue canalizada con concreto, ocupando parte de los 50 metros inalienables de la Zona Marítimo Terrestre, drenado de un pantano, construcción de un camino de unos 300 metros de longitud y construcción parcial de un rancho, ambos dentro de los 50 metros inalienables, extracción de más de 1500 m3 (+200 vagonetas) de arena de la playa Punta Piedra Amarilla, en varias ocasiones han pretendido impedir el paso por la playa, aún cuando se sabe muy bien que las playas en Costa Rica son de dominio público, construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, cerca del cauce del Río Pánica sin garantizar públicamente un adecuado funcionamiento.
Con gran cinismo uno de los Barceló ha dicho que “no hemos conculcado ninguna ley de este país, “invadimos para la construcción del hotel — porque no podía hacerse de otra forma — una parte de la playa, pero que hoy con el hotel abierto, está totalmente como antes. Sacamos piedra de un río, lo cual nosotros no podemos considerar que esto atente en absoluto contra el espíritu de la ley, que es lo que hay que cumplir”. “Y quisiera que no me mal interpreten, pero probablemente si tuviera que volverlo a hacer, haríamos lo mismo, porque no nos hemos apropiado de nada que pertenezca a este país, ni hemos estropeado nada en absoluto”.
Al autorizar a los Barceló la explotación de una línea de ferry, la comunidad de Paquera puede ser despojada de su concesión para el transporte público con dos de sus lanchitas, por medio del cual percibe alrededor de doce millones de colones anuales y que utilizan en obras comunales. ¿Es esta la forma de incentivar a una comunidad de humildes productores que con su propio esfuerzo han sabido sobrevivir hasta el punto de contar con una de las Asociaciones de Desarrollo más prósperas del país?
El ICT giró una tímida y parcial orden de demolición de obras construidas dentro de los 50 metros inalienables y coadyuvó con ASCONA en una de las denuncias. Sin embargo, creemos que hubiera podido hacer y aún se pueden hacer, muchas otras cosas, judicial y administrativamente.
Se le ha solicitado a los precandidatos, a los partidos políticos mayoritarios y a la Iglesia Católica, que se pronuncien respecto a la política turística de este Gobierno y específicamente sobre el caso de Tambor. Lamentablemente nin¬guno lo ha hecho.

Conclusión
El turismo no debe desarrollarse como una imposición de los gobiernos a las comunidades, máxime cuando se trata de grandes complejos turísticos nacionales o extranjeros a los que se les da todo tipo de apoyo y grandes e inusuales incentivos.
El caso del Hotel Tambor muestra que nuestro país no está preparado para un desarrollo turístico tan acelerado como el que se está promoviendo; que el turismo masivo y los megaproyectos turísticos no son la mejor alternativa para desarrollar esta actividad.
Los actuales precandidatos, partidos políticos y la jerarquía de la Iglesia Católica, no ofrecen posibilidades reales de compromiso para detener el auge desenfrenado y sin planificación del turismo.
Parte de la comunidad internacional ya conoce cómo se está manejando el turismo en Costa Rica. Por eso, en marzo de 1993, grupos ambientalistas alemanes le entregaron en Berlín al señor Ministro ce Turismo, el premio “Diablo Ambiental 93: por el ecoturismo más hipócrita del mundo”.
Es nuestro deseo que el país pueda explotar el turismo de modo que podamos compartir nuestras bellezas naturales y nuestra cultura con todo el que nos visite. Dejamos claro que nuestro sentir es que el turismo se puede desarrollar pero que se deben tomar todas las precauciones y controles necesarios y dar una amplia participación a los vecinos.
Por ahora cumplimos con nuestro deber cívico y moral de advertir a nuestros gobernantes y a la opinión pública que el rumbo que se le está dando al desarrollo turístico en Costa Rica no es el adecuado.


Cronología

1991
El 2 de agosto Luis Manuel Chacón, Ministro de Turismo, remitió el contrato, para "estudio - y aprobación” a la Contraloría General de la República. Las obras iniciaron entre setiembre y octubre de 1991. El ente contralor emitió su criterio el 15 de enero de 1992, el cual desaprobó el contrato. Hasta el 17 de enero de 1992, ni siquiera habían hecho solicitud de permisos de construcción. Entre enero y marzo de 1992 presentaron los planos y obtuvieron los permisos, casi seis meses después de haber iniciado.

1992
En marzo ASCONA presentó un Recurso de Amparo. El 7 de abril la Sala Constitucional ordenó “no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiera dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva esta Sala». El 14 de abril, la Municipalidad contestó negativamente el citado Recurso. El Municipio sostiene que ellos dieron un permiso sólo para construcciones previas o preparatorias como bodegas y edificaciones para el personal y no para la construcción del complejo turístico en sí. El mismo 14 de abril la Municipalidad le consultó a la Sala Constitucional si sería posible atender el trámite para autorizar la construcción de los edificios del hotel, dejando por aparte aspectos como construcción de desagües, extracción de aguas, disposiciones de desechos y basuras. Esta consulta se hace porque para esta fecha la sociedad recurrida había presentado la solicitud da permiso de construcción de las obras principales. Sobra dicha consulta se advierte que en el expediente del Recurso de Amparo no existe ninguna respuesta de parte de la Sala Constitucional.

NOTA:
Este artículo se publicó en la Revista Aportes Nº 100 – Junio 1993. Págs 18, 19 y 20.
León González:
Director Ejecutivo de la Asociación Ambientalista y Naturalista CUAREMARPRO de Montezuma.
Miembro y Consultor del Centro Científico Tropical.
Expresidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.
Integrante de la Comisión Ciudadana de Gestión Ambiental.